26 de septiembre de 2013 / 22:54 / hace 4 años

RPT-Las víctimas del franquismo se aferran a la esperanza argentina

(Repite vínculo a gráfico, no cambia texto)

* Justicia argentina investiga crímenes del franquismo

* Cortes españolas dicen que los delitos han prescrito

* Grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas visita España

* ONG piden crear Comisión de la Verdad

Por Emma Pinedo y Sonya Dowsett

MADRID, 26 sep (Reuters) - Cientos de españoles han acudido a una corte argentina en busca de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura del general Francisco Franco, después de que los tribunales locales les dieran la espalda en un caso que amenaza con sacar a la luz el incómodo pasado de España.

El país sudamericano recurre a una ley internacional de derechos humanos que la propia España utilizó en el 2005 para procesar a un miembro de la dictadura militar en Argentina ante tribunales españoles por delitos de lesa humanidad.

Los abogados están recopilando testimonios para nutrir la investigación de la jueza argentina María Servini sobre posibles crímenes contra la humanidad, un año y medio después de que el Tribunal Supremo de España confirmó una ley de Amnistía para los funcionarios de la era de Franco.

La decisión de la jueza la semana pasada de ordenar la detención preventiva con fines de extradición de cuatro españoles, acusados de haber participado de torturas durante la dictadura de 36 años de Franco, fue recibida por las víctimas como un rayo de esperanza.

En la década de 1990, los procesos abiertos en la Audiencia Nacional española por la represión durante las dictaduras militares argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990) por el entonces juez Baltasar Garzón permitieron que los casos de torturas, desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad fueran abordados en sus países de origen.

“El efecto que nosotros buscamos es que en España suceda algo similar, que la actuación de la justicia argentina sirva en definitiva para terminar con la impunidad del franquismo en España”, dijo a Reuters Carlos Slepoy, otro abogado querellante.

Pero el proceso de extradición de tres ex policías y un guardaespaldas de Franco es complicado. Sólo dos siguen con vida: el ex guardia civil Jesús Muñecas y el ex inspector José Antonio “Billy El Niño” González, según fuentes judiciales.

El juez de guardia de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido a Argentina que le envíe toda la documentación sobre los implicados antes de tomarles declaración.

La Fiscalía le informó al juez de los inconvenientes que traería detenerlos, según las fuentes, porque alegó que estas personas tienen arraigo social y les ampara la ley de Amnistía.

Además, los fiscales no creen que se trate de delitos de lesa humanidad, por lo que los crímenes habrían prescrito.

TORTURAS PSICOLÓGICAS

El de Jesús Rodríguez es uno de los 250 casos incluidos en una querella en trámite desde el 2010 en un juzgado argentino.

Hoy profesor de economía, el hombre de 59 años fue detenido en tres ocasiones bajo el franquismo por participar en reuniones sindicales, entonces ilegales, y por activismo de izquierda.

“Una de las torturas psicológicas más duras que había era cuando te llevaban al interrogatorio y veías a los que salían de la sala de interrogatorios con la cara desfigurada y desencajada por los golpes”, relató Rodríguez ante la prensa internacional.

“Mirabas para otro lado porque no podía parecer que nos conocíamos. Era un momento de una tensión tremenda”, agregó al recordar la angustia que sintió cada vez que estuvo detenido.

Del otro lado del océano, Darío Rivas, que nació en España y fue enviado a Argentina cuando tenía nueve años junto a sus hermanos, reclama por la muerte de su padre, que se quedó en España y fue fusilado en la década de 1930.

“Es una vergüenza que la justicia española no haya hecho lo que estamos haciendo en Argentina, correspondía hacerlo a ellos, no acá”, dijo.

España, al igual que muchos países de América Latina en su transición a la democracia, aprobó una ley de Amnistía en 1977 que perdonó los crímenes bajo la era Franco. Los abogados buscan la anulación de esa ley amparados en el derecho internacional.

Máximo Castex, uno de los abogados de la querella en Argentina, dijo que espera que los pedidos de detención fuercen a España a investigar los crímenes. “Vamos a seguir adelante con otras imputaciones y generando nuevos pedidos de detención”.

DEVOLVIENDO EL FAVOR

Pero la última palabra en el proceso de extradición la tiene el Gobierno español, aunque antes la sala en lo Penal de la Audiencia Nacional debe emitir una recomendación sobre el caso.

A pesar de que el Tribunal Supremo español dictaminó que los crímenes del franquismo han prescrito, reconoció el derecho de los familiares de víctimas a exhumar fosas comunes y a investigar el paradero de desaparecidos. Para eso nombró competentes a los juzgados de instrucción en toda España.

Los familiares han tenido poco éxito: Amnistía Internacional denunció que de los 47 casos sobre fosas comunes derivados a juzgados de toda España, al menos 38 han sido archivados. Y al resto no pudo tener acceso.

Como si fuera poco, no hubo presupuesto este año para hacer cumplir la ley de Memoria Histórica que pretendía reparar los derechos de las víctimas, según la Asociación de la Memoria Histórica, que estima que hay 2.669 fosas comunes en España de las cuales sólo 390 han sido abiertas.

Por eso los españoles abogan por justicia en otro país para los responsables de crímenes como torturas, asesinatos, secuestros y robo de menores durante la guerra civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975).

“Solemos decir que estamos devolviendo el favor: España comenzó a juzgar a los genocidas argentinos y nos sirvió de motor”, dijo en un encuentro con medios extranjeros la abogada defensora argentina Ana Messuti.

DERECHO A LA VERDAD

Esta semana aterrizó en España el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias. El equipo elabora recomendaciones y luego colabora con los gobiernos para asegurarse de que se apliquen.

Los integrantes del grupo están reuniéndose con funcionarios, asociaciones de víctimas, familiares de desaparecidos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados y académicos en distintas partes de España.

“Exista posibilidad de justicia o no, el derecho a la verdad es fundamental, como mínimo”, dijo a Reuters Ariel Dulitzky, miembro del grupo de la ONU, que asegura que en el pasado han abierto espacios de diálogo entre gobiernos y la sociedad civil.

Varias asociaciones civiles pro derechos humanos que integran la Plataforma por la Comisión de la Verdad reclaman que se cree un ente para recopilar información sobre las 130.000 o 150.000 personas que estiman desaparecieron.

“Pedimos la creación de una Comisión de la Verdad, como las que se han realizado en 40 países”, dijo María Garzón, que encabeza la Fundación Internacional Baltasar Garzón, una de las organizaciones que forma parte de la plataforma.

“Es un elemento que existe en paralelo a la justicia y un complemento a la misma. En algunos casos ha permitido abrir procesos penales”, aseguró la hija del ex magistrado Baltasar Garzón. (Reporte adicional de Sonya Dowsett en Madrid y Karina Grazina en Buenos Aires. Editado por Inmaculada Sanz en Madrid y Silene Ramírez en Santiago)

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