11 de abril de 2012 / 15:58 / en 6 años

ESCENARIOS-Gobierno argentino define futuro de petrolera YPF

* Petrolera YPF asediada por el Gobierno

* Presidenta decidida a ponerla bajo control estatal: medio

* Expropiación podría disparar ola de litigios

Por Alejandro Lifschitz

BUENOS AIRES, 11 abr (Reuters) - La petrolera argentina YPF perdió casi un tercio de su valor de mercado desde inicios de año por el temor de los inversores a que el Gobierno tome el control de la compañía.

El mayor grupo energético de Argentina, controlado por la española Repsol, está bajo fuerte presión del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández para aumentar su producción de hidrocarburos, de manera de permitirle al país reducir las importaciones de energía que achicaron su superávit comercial.

La mandataria, criticada por la comunidad financiera por sus políticas económicas intervencionistas, ha acusado a YPF de no invertir lo suficiente para frenar el declive de sus reservas, mientras que un grupo de provincias sancionaron a la compañía con el retiro de varias concesiones.

YPF rechazó las críticas y afirmó prevé inversiones récord este año por 15.000 millones de pesos (3.420 millones de dólares).

Analistas apuntaron que los ataques del Gobierno y las provincias contra la petrolera buscan derribar el precio de su acción para facilitar el ingreso del Estado a su capital. Al cierre del mercado del martes, el valor de la petrolera alcanzaba los 10.800 millones de dólares, unos 4.000 millones menos que a inicios de año.

El Gobierno no ha revelado sus planes para YPF. Pero, el diario Página 12, afín al Gobierno, indicó recientemente que Fernández ya tomó la decisión de que el Estado retome el control de la petrolera privatizada en la década de 1990, aunque agregó que no había consenso sobre cómo hacerlo.

En los últimos años, el Gobierno ha estatizado varias empresas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, la principal compañía de agua y saneamiento del país y las administradoras de fondos de pensiones.

Repsol-YPF tiene un 57,43 por ciento de la compañía, mientras que el argentino Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, controla un 25,46 por ciento. El resto está en manos de inversores institucionales o flota en el mercado.

El Grupo Petersen, que entró al capital de YPF en el 2008 con el apoyo del Gobierno, gerencia la petrolera.

Los siguientes son algunos de los posibles escenarios en la pugna entre el Gobierno e YPF.

EL ESTADO EXPROPIA YPF

El Gobierno podría enviar un proyecto de ley al Congreso para declarar a YPF como una empresa de utilidad pública, lo que lo habilitaría para expropiar las acciones de la petrolera.

El oficialismo podría conseguir los votos necesarios en la Cámara de Diputados y de Senadores para aprobar la norma.

Sin embargo, no tiene recursos propios para financiarla, por lo que debería echar mano de las reservas del banco central o de los fondos del ente estatal de pensiones, la Anses, para indemnizar a los accionistas de la compañía tras la expropiación.

El Estado usualmente usa esos fondos para alentar el consumo doméstico y cancelar vencimientos de deuda. Destinar esos recursos a la estatización de YPF reduciría el margen de acción del Gobierno para planes de estímulo en momentos en que la actividad económica se está enfriando.

Una alternativa más barata pasaría por una expropiación parcial de las acciones de la petrolera. Una participación apenas superior al 50 por ciento le daría el control del directorio de 17 miembros de la compañía.

Desde el punto de vista político, la estatización de YPF podría afianzar la popularidad a Fernández, dado que es un viejo anhelo de sectores de centroizquierda afines al Gobierno.

Pero podría profundizar el malhumor de los inversores con su administración y disparar una ola de litigios.

Repsol ya adelantó que defendería sus intereses en YPF en cortes argentinas e internacionales, y España podría pedir a la Unión Europea que tome acciones contra Argentina por violar pactos de protección recíproca de inversiones.

Tras la expropiación, el Gobierno argentino podría abrir el capital al sector privado en busca de fondos frescos para desarrollar las potenciales enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el país, y asegurarse el músculo financiero y la competencia que no tiene para manejar la petrolera.

EL ESTADO COMPRA UNA PARTICIPACION EN YPF

El Gobierno podría ingresar al capital de la petrolera comprándole al Grupo Petersen su 25,46 por ciento y negociar un acuerdo con Repsol que le permita administrar la empresa.

Pero, un pacto de convivencia dentro de YPF con el grupo español parece imposible actualmente debido a que no hay diálogo entre las partes.

Además, Repsol dijo que no está dispuesta a convertirse en un mero socio financiero. Tampoco a quedarse con menos del 51 por ciento de YPF.

Otro obstáculo para el Gobierno es que debería lanzar una oferta por el 100 por ciento del capital de YPF si quiere hacerse con una participación superior al 15 por ciento, de acuerdo con los estatutos de la petrolera.

Esto puede terminar siendo más costoso que una expropiación, dado que el Estado deberá ofrecer una prima atractiva para que los accionistas acepten ceder sus tenencias.

Los abogados del Estado podrían intentar que la justicia anule parte del estatuto de YPF reclamando que lesiona los intereses de los accionistas. Pero expertos legales dijeron que son reducidas las chances de que esta estrategia prospere.

El Estado posee una acción de oro en YPF, pero apenas le da poder para frenar una fusión o una compra hostil.

EL ESTADO NEGOCIA CON REPSOL MAS INVERSIONES

Repsol ha dicho que está abierta a sentarse a negociar sobre el futuro de YPF, sin obtener respuesta aún del Gobierno.

La viabilidad financiera de la empresa quedó comprometida con la decisión de varias provincias de abrir procesos para retirarles concesiones clave que equivalen al 25 por ciento de su producción.

Para evitar mayores daños, el Gobierno podría verse tentado a mantener conversaciones con Repsol para asegurarse rápidas inversiones en exploración y producción que contengan el incremento de las importaciones de energía. También podría pedir a las provincias que den marcha atrás con la quita de los principales campos.

La extensión en el tiempo de la campaña de desgaste sobre la petrolera podría ahuyentar inversiones necesarias para poner en producción al megayacimiento Vaca Muerta.

YPF lidera el desarrollo del campo situado en la región patagónica, que podría duplicar en 10 años la producción de gas y petróleo de Argentina y demandaría inversiones anuales de 25.000 millones de dólares. (Reporte de Alejandro Lifschitz. Editado por Juan Lagorio y Damián Wroclavsky)

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