December 8, 2017 / 1:00 PM / in a year

Proyectos para reformar Justicia de Argentina despiertan temores de injerencia entre jueces y fiscales

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES, 8 dic (Reuters) - Los cambios que el presidente Mauricio Macri busca aplicar sobre el sistema judicial de Argentina dispararon la preocupación entre funcionarios de ese poder, que creen que el Gobierno busca tener mayor influencia sobre jueces y fiscales que investigan delicados casos de corrupción.

Los proyectos de reforma, que el Gobierno asegura apuntan a modernizar el anticuado sistema judicial de Argentina, se suman a una reciente embestida contra funcionarios de la Justicia a los que la administración de Macri acusa de mal desempeño.

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, anunció que dejará su cargo a fin de año ante las presiones del Gobierno. Y semanas atrás un juez federal acusado de corrupción fue destituido por el Consejo de la Magistratura, el órgano de 13 miembros encargado de nombrar y despedir magistrados, donde el presidente tiene hoy una frágil mayoría.

Ambos funcionarios habían sido señalados por el oficialismo como simpatizantes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Medios locales indicaron que entre los posibles candidatos al puesto de Gils Carbó hay funcionarios enfrentados con ella o que han investigado al Gobierno anterior.

“Si se trata de una reforma motivada por el disgusto o la diferencia de criterios con algún magistrado en particular (...) esa reforma va encaminada al fracaso”, dijo a Reuters el fiscal federal Javier De Luca, quien junto a Gils Carbó forma parte de la ONG Justicia Legítima.

Entre otros proyectos, Macri busca reformar la Procuración y el propio Consejo de la Magistratura. A su vez, públicamente exigió que el Poder Judicial haga cambios para acelerar la resolución de casos.

Una fuente del oficialismo dijo a Reuters que se espera que las propuestas sean tratadas recién en 2018 por el Congreso, ya que en diciembre estará muy activo con algunas reformas clave para la economía, como la fiscal y la laboral.

Bajo condición de anonimato, un juez federal explicó que la reforma del Consejo de la Magistratura -integrado por legisladores, abogados, funcionarios judiciales, uno del gobierno y un docente- podría contener un cambio que facilitaría la manipulación política: los jueces podrían ser destituidos con solo la mitad más uno de los votos de los consejeros presentes.

Actualmente se necesitan 9 de los 13 votos, explicó.

Los representantes políticos en el órgano tendrían, de ese modo, mayor facilidad para presionar a jueces y fiscales que llevan adelante casos importantes. En algunos casos, el oficialismo ya ha logrado el apoyo de representantes de la Justicia para promover enjuiciamientos en el Consejo.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo recientemente que “el Poder Ejecutivo hoy no ejerce presiones sobre los jueces” y señaló que el sistema judicial necesita cambios estructurales para ser más eficiente, de modo que pueda evitar la acumulación por años de casos sin resolver.

El Ministerio de Justicia no respondió a las consultas de Reuters.

“Es una verdad a medias que el Gobierno no quiere incidir en la Justicia, hay intención de tener cuanto menos una Justicia que no moleste. Hay inquietud entre los fiscales”, aseguró a Reuters otro fiscal que pidió que no se revelara su identidad.

CASOS SENSIBLES

Algunas de las polémicas medidas liberales que busca aplicar el Gobierno de Macri, como una flexibilización laboral, tienen una fuerte resistencia entre gremios y opositores. Pero también de algunos magistrados que, al ser defensores de los derechos laborales, pueden entorpecer la gestión de la Casa Rosada.

Parte de la oposición cree que el Gobierno busca presionar a jueces y fiscales para que apoyen la apertura de la economía. Macri ha dicho que es necesario reducir los juicios laborales y ha acusado a jueces de subir los costos de las empresas.

“Usan el Consejo de la Magistratura para domesticar a los jueces que se animen a sacar sentencias que revierten decisiones del Gobierno, en muchos casos estratégicas para su modelo económico”, dijo el miembro del Consejo de la Magistratura y diputado Rodolfo Tailhade, cercano a Cristina Fernández.

La Justicia también tiene actualmente en sus manos varios importantes casos de corrupción, principalmente de la gestión de la expresidenta Fernández, cuya investigación se ha acelerado repentinamente tras el cambio de Gobierno en el 2015.

En un caso polémico, un juez federal ordenó el jueves detener a la expresidenta Fernández por “encubrimiento” y “traición a la patria” por un atentado antisemita que tuvo lugar dos décadas antes.

Semanas antes, poco después de las elecciones legislativas de octubre pasado, el exvicepresidente Amado Boudou y el exministro de Planificación, Julio De Vido, fueron detenidos.

Pero algunos casos judiciales recientes han involucrado a funcionarios actuales y al mismo Macri. Un primo del presidente, el empresario Ángel Calcaterra, sufrió hace días un millonario pedido de embargo en una causa por supuestos sobornos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht.

“Todos los gobiernos buscan interferir, influir y pactar. La reforma (...) no puede ser para cacería de jueces o fiscales”, dijo a Reuters la diputada opositora Margarita Stolbizer. (Editado por Carlos Serrano y Pablo Garibian)

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