ACTUALIZA 6-Paraguayo Lugo se juega mandato en juicio político

viernes 22 de junio de 2012 17:40 ART
 

* En proceso juicio político por supuesto mal desempeño en
Congreso
    * Defensa pide desestimar escrito de libelo acusatorio
    * Mandatario asegura es un "golpe de Estado express"
    * Unasur advierte peligro al orden democrático

 (Actualiza con declaración de Unasur, de Clinton y de Rousseff;
detalles)
    Por Daniela Desantis y Guido Nejamkis
    ASUNCION, 22 jun (Reuters) - El presidente paraguayo,
Fernando Lugo, y su defensa luchaban el viernes con todo su
arsenal para evitar la inminente destitución del mandatario, en
un juicio político impulsado por aliados y opositores que para
sus vecinos sudamericanos amenaza la democracia a nueve meses de
las elecciones.
    En un proceso inéditamente rápido de dos días que concluirá
este mismo viernes, el juicio busca determinar si el mandatario
incumplió sus funciones al dejar que creciera la conflictividad
social en el país, que tocó su punto máximo el viernes pasado
cuando un choque entre campesinos y policías dejó 17 muertos.
    Después de perder el respaldo político interno por el manejo
de la crisis que provocó la masacre, la defensa del socialista
Lugo presentó el viernes sus alegatos ante el Senado, donde el
mandatario no cuenta con apoyo.
    Sus abogados, que tuvieron sólo dos horas para defender al
presidente, pidieron a los legisladores durante el juicio
político la desestimación del escrito del libelo acusatorio, así
como la extensión de los plazos del procedimiento y aseguraron
que todo el proceso es inconstitucional.
    "Me parece peligroso el alcance ideológico de la propuesta
de la acusación. Estamos en un juicio que no tiene nada que ver,
salvo los ritos, con la confrontación para dirimir los hechos",
destacó Adolfo Ferreiro durante el alegato final de la defensa,
proceso que Lugo seguía desde sus oficinas en el palacio
presidencial.  
    Pero los legisladores buscaban apurar las cosas por temores
a que protestas populares obstaculizaran el procedimiento,
mientras miles de seguidores de Lugo se agrupaban frente al
Congreso en el centro de Asunción.   
 
         
    Los legisladores acusan formalmente a Lugo de no reaccionar
como debía ante el sangriento enfrentamiento entre campesinos y
policías la semana pasada.
    "Esto es una condena, un juicio donde ya está dictada la
sentencia", dijo Emilio Camacho, asesor jurídico de la
Presidencia en el alegato.
    En la lista de acusaciones también figuran temas menos
rotundos como su apoyo a un mitin de jóvenes socialistas en un
predio de las Fuerzas Armadas o no haberse mostrado decisivo en
combatir al pequeño grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo,
responsable de asesinatos y secuestros durante la última década,
la mayor parte de ellos antes de que asumiera.
    "Me están haciendo un golpe de Estado express porque lo han
hecho entre noche y madrugada, se han puesto de acuerdo,
nosotros decimos que es incluso anticonstitucional porque no se
respeta el debido proceso", denunció Lugo, un ex obispo de 61
años, en una entrevista el jueves por la noche con Telesur.
    No obstante, el diputado Carlos María Soler del partido de
centroderecha Patria Querida -que apoya la salida de Lugo-
expresó: "Acá no hay nada ilegal, no hay ningún quiebre, ningún
golpe de Estado. Este es un juicio político, no se basa en
argumentos jurídicos".
        
    AMENAZA AL ORDEN DEMOCRATICO
    Después de reunirse con el propio mandatario, legisladores, 
con el vicepresidente y la Corte Suprema, cancilleres de la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) respaldaron a Lugo y
dijeron que Paraguay enfrenta la amenaza de una ruptura del
orden democrático por la falta de garantías procesales para el
presidente. 
    "Ojalá nos hubieran escuchado. Estamos ante una situación
donde se está configurando un hecho que puede llevar a la
ruptura institucional", dijo el canciller venezolano, Nicolás
Maduro, a la prensa.
    Los países sudamericanos aseguraron en un comunicado que la
situación que se vive en Paraguay podría estar comprendida en
las cláusulas democráticas del bloque, dejando abierta la puerta
a estas naciones a no reconocer al sucesor de Lugo.
    La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió respetar el
derecho de defensa de su colega paraguayo y desde Río de
Janeiro, además de defender la misión de cancilleres
sudamericanos, expresó que "sería importante una solución
negociada". 
    Con los tiempos en contra, las presiones del exterior fueron
en principio una de las esperanzas para el presidente paraguayo.
    Desde Washington, el jefe La Organización de Estados
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo que el proceso de
juicio le parecía "un poco apresurado" durante una sesión
especial del organismo para tratar la situación de Paraguay.
    "La estabilidad institucional que ha sido lograda en la
región debe ser protegida, garantizando el respecto al debido
proceso, no solo en forma, sino también en sustancia", dijo
Insulza en un comunicado.
    Por su parte, la secretaria de Estado estadounidense,
Hillary Clinton, se limitó a decir: "Estamos siguiendo esto de
cerca", al ser consultada por periodistas sobre la situación en
Paraguay mientras asiste en Río de Janeiro a la cumbre de
desarrollo sustentable de la ONU. 
    
    INQUIETUD EN LAS CALLES
    Paraguay, uno de los mayores productores mundiales de soja,
tiene una larga historia de crisis políticas.
    Frente al Congreso había unas 5.000 personas congregadas, la
mayoría de movimientos políticos de izquierda vinculados al
Gobierno, campesinos, estudiantes y sindicalistas con banderas
paraguayas y carteles de apoyo a Lugo, que se ha jactado de su
respaldo popular.
    "Me duele como madre paraguaya. Esto es un robo a los votos
populares, no vamos a permitir este atropello al presidente",
dijo Ana Yegros, de 42 años, en la manifestación.
    La plaza frente al parlamento era rodeada de un fuerte
operativo de seguridad con miles de agentes policiales y
efectivos antimotines, mientras las fuerzas armadas mantienen su
apoyo al Gobierno. 
    Muchas calles que rodean el centro de Asunción estaban
bloqueadas y la mayoría de los comercios cerrados y empresarios
transportistas dijeron que solamente funcionaba un 30 por ciento
del transporte público que habitualmente circula por la capital.
    "Hago un llamado a todos los agentes económicos y a toda la
sociedad para que guardemos la calma necesaria, de modo tal que
no pongamos en riesgo la situación económica. Sería realmente
catastrófico que esto se especule a nivel económico bajo estas
condiciones políticas que se están viviendo", observó el
ministro de Hacienda paraguayo, Dionisio Borda.          
    Los abogados de Lugo presentaron el viernes más temprano un
recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, con la
que tampoco el presidente ha tenido una buena relación. 
    De acuerdo con ellos, la acción está fundamentada en el
derecho a la legítima defensa, dado el escaso tiempo concedido
para el descargo de Lugo y para la evaluación de pruebas contra
el gobernante.
    Si prospera la destitución, la Constitución paraguaya
establece que debe asumir de inmediato el vicepresidente
Federico Franco, del Partido Liberal y con quien Lugo ha tenido
enfrentamientos.
    El último juicio político a un mandatario en Paraguay fue en
1999, cuando Raúl Cubas fue acusado de mal desempeño tras el
asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siete
jóvenes manifestantes. Cubas renunció antes de que el juicio
concluyera.

 (Reporte adicional de Guido Nejamkis y Didier Cristaldo en
Asunción y de Lauren French en Washington; Escrita por Pablo
Garibian; Editado por César Illiano y Silene Ramírez)