14 de noviembre de 2012 / 21:29 / hace 5 años

ACTUALIZA 1-Oficialismo uruguayo envía proyecto para despenalizar autocultivo de marihuana

5 MIN. DE LECTURA

* Partido Gobierno, con mayoría en Congreso, introduce proyecto de ley

* Comienza discusión el miércoles en comisión especial

* Apoya autocultivo, clubes de membresía y consumo de 40 grs por persona por mes (Agrega información y citas)

Por Malena Castaldi

MONTEVIDEO, 14 nov (Reuters) - Los uruguayos podrán cultivar marihuana en su casa y consumir hasta 40 gramos por mes, según un proyecto de ley enviado por el oficialismo que comenzará a discutirse el miércoles y que otorga al Estado un amplio control de la producción, distribución y el uso de la droga.

De aprobarse esta iniciativa, Uruguay quedará a la vanguardia en la despenalización del cultivo en Latinoamérica, una región acuciada por el narcotráfico y que produce drogas ilícitas a gran escala.

La defensa de esta agenda de nuevos derechos para el uso de la marihuana es encabezada por el presidente uruguayo José Mujica con el argumento de que debilitará a los cárteles y reducirá la violencia narco.

"El proyecto busca compatibilizar la propuesta del (Poder) Ejecutivo sobre el control y regulación del mercado de cannabis, con las propuestas que habíamos desarrollado en la bancada sobre autocultivo (...) Es la síntesis de esas dos ideas", dijo a Reuters el legislador oficialista Sebastián Sabini.

La coalición de Gobierno Frente Amplio cuenta con mayoría en el Congreso y su propuesta tiene buenas posibilidades de ser aprobada. El proyecto complementa otra iniciativa remitida por la Presidencia al Parlamento en agosto para dejar en manos del sector público la hegemonía de la marihuana.

"El Estado (...) asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de cannabis o sus derivados", dice el artículo 2 del nuevo proyecto de ley.

El documento no precisa quien la producirá, pero propone otorgar licencias para cada una de las distintas etapas de la elaboración de la droga.

El proyecto, que será analizado desde este miércoles por una comisión especial del Congreso, incluye la despenalización del autocultivo para consumo hogareño o personal de hasta seis plantas y una posesión máxima de 480 gramos derivados de su cosecha.

En caso de que la marihuana sea comprada, el consumo por persona fue fijado en 40 gramos por mes, detalla el documento.

La iniciativa también establece la creación de un registro de productores, consumidores y clubes de membresía. Los clubes podrán tener un máximo de 15 integrantes, 90 plantas y una producción de hasta 7.200 gramos anuales.

La discusión se da en momentos en que México y varios países centroamericanos, como Guatemala y Costa Rica, piden que se analicen las implicancias de la legalización de la marihuana.

En Uruguay ya se permite la unión concubinaria y el aborto, y pronto se va a promover el matrimonio igualitario, lo que pone al país en la primera línea de las reformas liberales en la región.

Regulador

El proyecto recomienda la creación del Instituto Nacional del Cannabis (INCA) como responsable de la regulación de la producción, acopio y distribución y aplicación de sanciones; además del empleo de políticas educativas para informar sobre los riesgos del consumo de marihuana.

Entre las sanciones contempla el decomiso, destrucción de mercadería e inhabilitación de permisos, hasta multas que van desde unos 600 dólares hasta unos 60.000 dólares.

El Gobierno espera que el proyecto sea votado por la Cámara de Representantes antes de fin de año y que resulte aprobado en los primeros meses del 2013.

Legisladores de la oposición han expresado preocupación sobre la aplicación de la norma y han advertido que podría estar alentando el primer paso para el consumo de estupefacientes más peligrosos.

En América Latina se encuentran algunos de los mayores productores mundiales de marihuana como Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú.

La iniciativa forma parte de un paquete de 15 medidas que el Gobierno quiere aplicar para combatir la inseguridad, entre las que aparece incrementar las penas a la corrupción policial, al tráfico de pasta base y a los menores infractores. (Reporte de Malena Castaldi. Editado por Silene Ramírez)

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