ACTUALIZA 2-Argentina pide a corte EEUU urgente freno decisión sobre deuda

martes 27 de noviembre de 2012 01:04 ART
 

* Decisión en EEUU aumenta temor a una moratoria inminente
    * Con pocas opciones restantes, Argentina recurre a corte
apelaciones
    * Decisión es duro golpe a estrategia nacional para superar
crisis 2002
    * Plantea dudas sobre reestructuraciones de deuda y sistemas
de pago

 (Agrega pedido de Argentina, nota y autor)
    Por Helen Popper y Guido Nejamkis y Daniel Bases
    BUENOS AIRES/NUEVA YORK, 26 nov (Reuters) - Argentina dijo
que presentó el lunes a una corte de apelaciones de Nueva York
un pedido con carácter urgente para que suspenda una orden
previa de un juez que dictaminó que el país debía pagar 1.330
millones de dólares a tenedores de bonos incumplidos. 
   La semana pasada el juez de distrito Thomas Griesa ordenó que
Argentina deposite ese dinero antes del 15 de diciembre para
pagar a acreedores con bonos incumplidos en el 2002 que
rechazaron participar en dos reestructuraciones de su deuda, en
el 2005 y en el 2010, y que reclaman que el país honre el valor
nominal de sus títulos. 
   El Gobierno argentino, que informó en la noche del lunes
sobre el pedido hecho a la corte, dijo que la decisión de Griesa
era injusta y que de cumplirse obstaculizaría cualquier
posterior reestructuración de deuda en el mundo. 
   "La presentación hace eje en las deficiencias de la orden de
Griesa y, en particular, en el hecho de que este carecía de las
competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida
de no innovar que regía el procedimiento y, por ende, en este
punto el fallo es nulo", dijo en una nota el Ministerio de
Economía argentino. 
   En su decisión, Griesa levantó una medida cautelar de no
innovar que favorecía a Argentina hasta que una sentencia
judicial definitiva sea dictada. 
   "La solicitud a la Cámara (corte de apelaciones), en
consecuencia, es el mantenimiento de la medida cautelar de no
innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda
completar", agregó la nota.
   Argentina dijo que la fórmula de pago propuesta por Griesa,
que consiste en pagarles a acreedores a los que el país califica
como "buitres" el total de su reclamo y en una sola cuota el 15
de diciembre, es inequitativa debido a que inversores que
aceptaron sus reestructuraciones sufrieron quitas y recibieron
bonos que vencen hasta en el 2038.
    "Si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago pro rata
(de prorrateo) que tratara a los actores y a aquellos que
estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la
Argentina ofreció en 2010, este hubiera sido un remedio
consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina
y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría
debatir", dijo el Gobierno.
    Previamente al pedido argentino a la corte, inversores con
bonos reestructurados argentinos por 1.000 millones de dólares
ingresaron el lunes una moción de emergencia en una cámara de
apelaciones en Estados Unidos para intentar frenar una sentencia
que temen pueda perjudicar el pago de esos títulos.
    La apelación sucede mientras Argentina busca jugar esta
semana sus últimas cartas para desafiar el fallo de Griesa que
puso en peligro todos los esfuerzos que realizó el país
sudamericano para poner punto final a su crisis de deuda del
2002 y que disparó temores a un nuevo incumplimiento.
    Una década después de declarar la mayor cesación de pagos de
su historia, Argentina se enfrenta a una dura elección entre
depositar fondos antes del 15 de diciembre para pagar a los
acreedores "excluidos" -los que rechazaron dos ofertas para
reestructurar la deuda impaga- o arriesgarse a caer en una
cesación de pagos técnica con todos los tenedores de bonos.
    Los inversores que tenían cerca del 93 por ciento de los
títulos incumplidos acordaron canjear esa deuda por papeles
nuevos, aceptando un pérdida de capital grande.
    Pero la decisión de la semana pasada del juez Griesa fue una
gran victoria para los acreedores que no participaron, liderados
por NML Capital Ltd -filial de Elliot Management Corp- y
Aurelius Capital Management, que siguieron por diez años
luchando en los tribunales para conseguir un reembolso total por
sus papeles.
    En otra victoria, NML logró la confiscación de una nave
emblema de la Armada argentina durante una visita a Ghana. Dos
meses más tarde, el barco sigue retenido.
    El fallo de Griesa es un retroceso no sólo para la combativa
presidenta argentina, Cristina Fernández, quien llama a los
acreedores excluidos "fondos buitres" y ha prometido no
pagarles.
    También ha consternado a los inversores que participaron en
los dos canjes de deuda y temen que el país del G20 entre en una
cesación de pagos técnica sobre bonos reestructurados por
alrededor de 24.000 millones de dólares.
    Esos inversores ingresaron en la noche del lunes una moción
en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito buscando frenar
la orden de Griesa. 
    "La moción aseguraría que continúen los pagos de intereses a
los tenedores de bonos mientras se decide la apelación", dijo en
un comunicado David Boies, un abogado que representa a los
inversionistas que participaron en los canjes.  
     No sólo la decisión de Fernández de repudiar a los
tenedores de deuda impaga dificulta la posibilidad de un pago
para Argentina.
    Una ley local prohíbe ofrecerles mejores términos que los
que ya se dio a los demás inversionistas y, hacerlo, expondría
al país a demandas de los acreedores que cambiaron sus papeles.
    Por otro lado, una cesación de pagos -aunque de naturaleza
técnica- empañaría el historial del Gobierno en el manejo de la
economía local, profundizando el aislamiento del país de los
mercados financieros globales y obstaculizando la inversión en
un momento en que la economía se ralentiza.
    Algunos analistas temen que las repercusiones del caso se
extiendan más allá de Argentina y sus acreedores, dificultando
futuras reestructuraciones de deuda y el funcionamiento de los
sistemas globales de pago.
 
   
    Buenos Aires tiene previsto cancelar en diciembre a los
tenedores de bonos que sí aceptaron el canje al menos 3.300
millones de dólares en capital e intereses.
    Si la demanda de Griesa para el pago de 1.330 millones de
dólares en una cuenta de garantía es confirmada por un tribunal
de apelaciones y Argentina se niega a pagar, los tribunales
estadounidenses podrían embargar los pagos a los acreedores que
aceptaron la reestructuración, por consideración a los que la
rechazaron.
    NML, que tiene más causas judiciales pendientes contra
Argentina que no están incluidas en este caso, está dispuesto a
negociar con Argentina y consideraría una combinación de
efectivo y bonos para resolver el conflicto, dijo una fuente
familiarizada con la posición del fondo bajo condición de
anonimato.
    El fondo de cobertura niega las acusaciones de Argentina de
que esté buscando desencadenar un 'default' para obtener una
ganancia extraordinaria por CDS, que son seguros de crédito
usados para protegerse contra el impago de deuda.
    "Eso sería adoptar una posición muy importante en el mercado
de CDS y no creo que tengan un interés en hacerlo", dijo la
fuente, agregando que a NML se le debe alrededor de la mitad de
los 1.300 millones de dólares.
      
    "COLONIALISMO JUDICIAL"
    Las negociaciones o el pago voluntario por parte de Buenos
Aires parecen algo casi imposible, sin embargo.
    El ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, quien
al igual que Fernández dice que no se les pagará a los tenedores
de deuda no reestructurada, calificó la semana pasada la
decisión de Griesa como "una especie de colonialismo judicial".
    "Lo único que queda es que Griesa pida enviar a la Quinta
Flota (de la Armada estadounidense)", dijo Lorenzino a
periodistas, al describir los planes de Argentina de presentar
el lunes una apelación contra la decisión de Griesa en el
Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones.
    Los abogados de Argentina -Cleary Gottlieb Steen & Hamilton-
pidieron restablecer la suspensión del fallo que obliga a hacer
el pago a los tenedores y disputarán su decisión completa.
    Muchos especialistas piensan que es poco probable que la
corte de apelaciones atienda el pedido. Griesa dijo en la
decisión de la semana pasada que sólo él puede decidir el caso.
    "Puede ser un problema de proceso, pero Argentina tendrá que
esforzarse por justificar por qué se niega a pagar los 1.300
millones de dólares", escribió el analista de Eurasia Group
Daniel Kerner, la semana pasada.
    "Argentina tiene los recursos para hacer frente al pago, así
que al final será una decisión política (y) no parece haber un
apoyo político para el pago de los inversores excluidos",
agregó.
    
    IMPACTO EN TERCERAS PARTES
    La corte de apelaciones había respaldado el mes pasado una
decisión adoptada por Griesa en febrero, que dijo que Argentina
había discriminado a los tenedores excluidos.
    Es por eso que la mayoría de los analistas cree que es poco
probable que esta nueva audiencia ofrezca un resultado
diferente, aunque algunos dicen que podría aliviar el impacto
sobre terceros, como Bank of New York Mellon, que
transfiere los fondos de Argentina a los tenedores de bonos y a
los operadores del sistema de compensación.
    La decisión de Griesa significa que tales intermediarios de
pagos están sujetos a embargos de los fondos destinados para los
tenedores de bonos que aceptaron el canje.
    "Si bien la situación en este momento es muy difícil para
Argentina y los tenedores de bonos canjeados, sigue siendo
posible que la Corte de Apelaciones pueda modificar la orden de
Griesa en lo relativo a la aplicación a los intermediarios",
escribió el banco de inversión Credit Suisse en un informe la
semana pasada.
    "Si la corte de apelaciones adopta una postura más moderada
que la de Griesa, también podrá emitir un nuevo aplazamiento
sobre la orden", agregó.
    Esto daría a Argentina algo de espacio y sería probable que
llame pronto a una nueva audiencia, dada la inminente fecha
límite de 15 de diciembre.
    Tras la Corte de Apelaciones, el último recurso de Argentina
en Estados Unidos sería la Corte Suprema.
    Algunos expertos legales creen que el máximo tribunal del
país podría elegir intervenir en este caso debido a sus
implicaciones para la reestructuración de deuda en un momento de
turbulencia económica mundial.
    Los abogados del Gobierno estadounidense han respaldado la
posición de Argentina sobre la cláusula "pari passu", o de trato
igualitario para los acreedores. Estos dijeron en abril que las
órdenes de Griesa "podrían permitir a un solo acreedor frustrar
la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo
internacional".
    Sin embargo, no todo el mundo piensa que las consecuencias
serán necesariamente tan amplias, porque la mayoría de los bonos
emitidos desde la cesación de pagos de Argentina contienen
cláusulas de acción colectiva que hacen que un acuerdo de
reestructuración sea vinculante para todos los acreedores.
    "El péndulo, post Argentina, se ha desplazado", dijo Hans
Humes, presidente de Greylock Capital Management. 
    El fondo con sede en Nueva York rechazó el canje de deuda
inicial, pero aceptó los mismos términos cinco años después, en
el 2010.
    "Solíamos tener una discusión sobre lo que un país es capaz
de pagar y (Argentina) rompió el molde y nos hemos visto
obligados a sentarnos y escuchar lo que ellos quieren pagar. Así
que, en el caso actual, tal vez las cosas se estén volviendo un
poco a nuestro favor", agregó.
    Asegurar la intervención de la Corte Suprema de Estados
Unidos antes del pago considerable el 15 de diciembre parece un
objetivo lejano.
    Una eventual cesación de pagos técnica profundizaría el
aislamiento económico de Argentina. El país aún no regresa a los
mercados internacionales de crédito casi 11 años después de su
crisis económica del 2001-2002, en parte debido al riesgo de
acciones legales por parte de los acreedores.
    Pagar todos los bonos impagos pendientes le costaría a
Argentina hasta unos 11.000 millones de dólares, equivalentes a
una cuarta parte de sus reservas de divisas extranjeras, que
necesita para continuar sufragando el servicio de su deuda en
ausencia de nuevos créditos.
    El ex secretario de Finanzas argentino Guillermo Nielsen,
quien ayudó a supervisar el canje de bonos en el 2005, dijo que
lo mejor sería depositar los 1.300 millones de dólares a tiempo
y seguir litigando.
    "Una moratoria sobre los nuevos bonos se debe evitar a toda
costa", dijo Nielsen. "El cese de pagos (del 2002) fue
increíblemente costoso para Argentina y esta situación podría
terminar causando el nuevo impago combinado con desacato a la
corte", agregó.

 (Reporte adicional de Alejandro Lifschitz y Guido Nejamkis en
Buenos Aires y Daniel Bases en Nueva York; Editado en Español
por Carlos Aliaga y Javier López de Lérida)