27 de noviembre de 2012 / 14:08 / en 5 años

COLUMNA-Cómo Argentina perdió contra renegados tenedores de bonos: Frankel

(Alison Frankel escribe el blog On the Case para Thomson Reuters News & Insigth. Las opiniones expresadas son personales)

Por Alison Frankel

NUEVA YORK, 27 nov (Reuters) - La integridad del sistema judicial de Estados Unidos se basa en el principio fundamental de que los jueces dejarán de lado sus sentimientos personales y emitirán sus resoluciones sobre la base de los hechos y la ley.

No importa cuán odiosos sean los litigantes (o sus abogados), nuestro sistema dice que tienen derecho a un trato justo. Pero los jueces también son humanos. Si los presionas lo suficiente, durante un lapso suficiente de tiempo, van a reaccionar.

Y esa es la razón por la que Argentina ahora enfrenta una elección terrible: o coloca 1.300 millones de dólares en un fideicomiso para pagarle a los tenedores de bonos rebeldes que se negaron a participar en dos rondas de reestructuración de deuda soberana o corre el riesgo de entrar en un incumplimiento de pagos técnico sobre los títulos que reestructuró por 24.000 millones de dólares.

La crisis de Argentina es el producto de casi 10 años de litigio, en los cuales los tribunales estadounidenses han tratado de honrar los derechos de un país extranjero y Argentina no ha obrado con el mismo respeto hacia el poder de nuestras cortes.

Es inminente que Argentina le pida a la corte de apelaciones del segundo circuito que restablezca una suspensión sobre una serie de medidas cautelares publicadas hace unos meses por el juez de distrito estadounidense Thomas Griesa.

Probablemente recuerde el contexto. Los tenedores de bonos que no entraron en el canje ofrecido por Argentina presentaron demanda en la corte federal de Manhattan, alegando que el país sudamericano estaba violando la cláusula pari passu de sus contratos, o de igualdad de condiciones, cuando le pagó a los tenedores de deuda que sí participaron de la reestructuración soberana sin pagarle a los que se resistieron.

Griesa, quien ha estado supervisando por casi una década los litigios entre Argentina y los tenedores de bonos que no entraron en la reestructuración, estuvo de acuerdo.

El juez le impidió a Argentina que le pague a los tenedores de deuda que participaron del canje antes de darle a los acreedores que no entraron en la reestructuración lo que les debe.

En octubre, la corte de apelaciones del Segundo Circuito afirmó el fallo de Griesa, devolviéndole el caso al juez para que aclare los términos de los pagos que Argentina debe hacerle a los tenedores de bonos impagos.

Después de la decisión del tribunal de apelaciones, el Gobierno argentino, sin embargo, dijo que no le pagará a los tenedores de bonos renegados, a los que (junto con otros) llama buitres.

En una audiencia a principios de este mes, Griesa le advirtió a los abogados de Argentina -Cleary Gottlieb Steen & Hamilton- que si su cliente seguía desafiando las resoluciones judiciales de Estados Unidos “se pueden tomar medidas para sancionar cualquier conducta indebida”.

La noche del miércoles pasado, Griesa actuó. A pesar de las súplicas de Argentina y de los tenedores de bonos reestructurados, el juez levantó la suspensión en sus mandatos.

Griesa dictaminó que Argentina no puede pagarle a los tenedores de bonos reestructurados los 3.410 millones de dólares que vencen en diciembre a menos que también abone 1.300 millones de dólares para los que están impagos.

Dado que Argentina ha insistido en que no le pagará a los acreedores que no entraron en el canje, el fallo de Griesa pone al país al borde de una catástrofe económica.

Hay un buen argumento para afirmar que Argentina creó esa catástrofe. Para entender por qué, hay que mirar atrás a la década de 1990, cuando el país emitió deuda en medio de una disputa con acreedores.

En los contratos de esos bonos, para tranquilizar a los inversores, Argentina explícitamente acordó someterse a la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos, en concreto, de Nueva York, a pesar de su inmunidad como un Estado soberano extranjero.

Argentina entró en cesación de pagos en el 2002. Más del 90 por ciento de sus tenedores de bonos finalmente accedió a los canjes del 2005 y el 2010, que le dieron unos 30 centavos por dólar.

Algunos inversores, sin embargo, decidieron aprovechar su oportunidad y litigar en un tribunal federal en Manhattan para hacer cumplir sus derechos bajo el contrato original.

A través de esas demandas, que comenzaron a presentarse en el 2003 y desde entonces han recaído en el juzgado de Griesa, los tenedores de deuda impaga han obtenido miles de millones de dólares en juicios contra la Argentina.

Pero a medida que fondos de cobertura como NML Capital (parte de Elliott Capital) y Aurelius Capital trataron de ejecutar esas sentencias contra un Estado soberano que juró que nunca pagaría, los jueces estadounidenses se pusieron del lado de Argentina una y otra vez.

Frecuentemente fue Griesa quien bloqueó los intentos de los fondos de cobertura para poner sus manos sobre los activos argentinos; en las ocasiones relativamente raras en las que le dio luz verde a los acreedores, la corte del Segundo Circuito usualmente revertía el fallo, citando los derechos de Argentina como un Estado soberano extranjero.

En el 2007, por ejemplo, el tribunal de apelaciones dictaminó que los fondos depositados por Argentina en la Reserva Federal eran inmunes, a pesar de que estaban siendo utilizados para pagarle al Fondo Monetario Internacional.

En el 2009, la corte del Segundo Circuito frustró los planes de un fondo de cobertura de congelar los recursos que tenían fondos privados en Estados Unidos que iban a ser trasferidos al sistema de seguridad social de Argentina.

En julio pasado, el tribunal de apelaciones rechazó otro intento por hacerse con los fondos del banco central argentino que se encuentran en la Reserva Federal.

La corte del Segundo Circuito ha avalado algunos embargos, pero los tribunales estadounidenses han sido muy conscientes de los derechos de Argentina.

Eso no quiere decir, sin embargo, que Griesa o los jueces del Segundo Circuito no hayan sido muy conscientes del flagrante desprecio de Argentina sobre los juicios en su contra.

En la decisión del 2009 sobre los fondos de seguridad social, por ejemplo, el juez del Segundo Circuito John Walker y el juez de distrito Clifford Wallace escribieron: “Entendemos la frustración de los demandantes que están intentando recuperar con fallos lo que tienen garantizado. Sin embargo, debemos respetar las (...) estrictas limitaciones sobre los embargos y ejecuciones de bienes de un Estado extranjero”.

Dos años más tarde, en la resolución del 2011 que se negó a embargar los fondos del banco central, los jueces del Segundo Circuito Roger Miner, Jose Cabranes y Chester Straub señalaron explícitamente que Argentina tenía un registro “pésimo” de pago a sus acreedores.

“Compartimos la comprensible irritación del tribunal de distrito por el desafío de la República de (sus) obligaciones para honrar los fallos de un tribunal federal”, dijo la corte de apelaciones, que repitió su renuente conclusión del 2009.

Ante la aparente derrota de los esfuerzos para lograr un embargo por la inmunidad soberana extranjera, NML Capital tomó una nueva vía contra Argentina en el 2009. Empezó a presentar demandas alegando que Argentina estaba violando las cláusulas de igualdad de condiciones de sus contratos originales de bonos.

Hay precedentes para el argumento: tal como he reportado, un tribunal belga (en un caso que involucra a bonos peruanos) y una corte federal de California (en un caso contra la República del Congo) han dictaminado previamente que las cláusulas de igualdad se aplican a los acreedores que se nieguen a participar en las reestructuraciones de la deuda externa.

Otros fondos de cobertura rebeldes recogieron la estrategia y presentaron sus propios reclamos por igualdad de condiciones.

Pero esos fondos sabían que para que un fallo de Griesa llegara a tener algún efecto tangible en Argentina, necesitaban más que sólo una sentencia de un tribunal de distrito que establezca que la cláusula se aplica.

Después de todo, Argentina ha hecho caso omiso de cada una de las sentencias emitidas por Griesa. Los fondos de cobertura necesitaban una prohibición judicial que le impidiera a Argentina el pago a los tenedores de bonos reestructurados a menos que también le pagara a ellos.

Ahí es donde el desacato previo de Argentina ante las resoluciones anteriores volvió a aparecer. En ejercicio de sus facultades discrecionales, Griesa le concedió un mandato a NML y eventualmente a otros tenedores de bonos impagos porque dijo que de otro modo Argentina lo ignoraría.

“La República ha dejado en claro -de hecho, ha legislado (en una ley del 2005)- su intención de desacatar cualquier fallo monetario emitido por esta corte”, escribió Griesa.

“Si hubiera alguna fe en que la República honestamente fuese a pagar sus obligaciones, no habría ninguna necesidad de estos (mandatos)”, agregó.

Los magistrados Barrington Parker, Rosemary Pooler y Reena Raggi del Segundo Circuito ratificaron el “alcance considerable” de la resolución de Griesa para darle alivio a los tenedores de bonos que se resistieron a la reestructuración, dada la “continua indiferencia de Argentina hacia los derechos de sus (...) acreedores y hacia los fallos de nuestros tribunales, a cuya jurisdicción se ha sometido”.

Y con una Argentina más desafiante que nunca luego de la resolución del Segundo Circuito, a nadie debería haberle sorprendido que Griesa aprovechara la oportunidad de mostrar al país extranjero soberano quién es el jefe en su corte.

Argentina ya solicitó una nueva audiencia por el fallo de octubre del Segundo Circuito, pero dudo que la corte de apelaciones se reúna en pleno para revisar el caso de Argentina.

Para empezar, el tribunal casi nunca realiza audiencias con la totalidad de sus miembros. Además, un gran número de los jueces del Segundo Circuito ya han escuchado una u otra de las apelaciones de Argentina, por lo que el tribunal ya está bastante al tanto del precedente de obstinación del país sudamericano.

Ese historial también podría afectar las posibilidades de Argentina de convencer a la Corte Suprema estadounidense de que tome su caso; se puede apostar que los fondos de cobertura van a argumentar que Argentina no tiene rival en su desacato a las resoluciones judiciales de Estados Unidos, por lo que el hecho de que su caso sea demasiado idiosincrásicos para ameritar una apelación ante la Corte Suprema.

Mientras tanto, una fallo de agosto pasado del Segundo Circuito, que tuvo poca notoriedad, podría augurar más malas noticias para Argentina.

Los jueces Cabranes, Walker y Joseph McLaughlin ratificaron el fallo de Griesa que establecía que los fondos de cobertura acreedores de Argentina tienen el derecho a citar información de las entidades bancarias del país acerca de los activos argentinos que se mantienen fuera de Estados Unidos.

La incautación del buque naval argentino de parte de Elliott Capital en octubre para cumplir con una sentencia no fue divulgada de acuerdo a una de estas citaciones, pero los fondos de cobertura podrían terminar con una útil lista de blancos futuros.

Dejé mensajes solicitando declaraciones de Carmine Boccuzzi y de Jonathan Blackman de Cleary, pero ninguno de ellos devolvió la llamada.

Reporte de Alison Frankel, editado en español por Juan José Lagorio y Silene Ramírez

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below