Argentina juega última carta legal para evitar un nuevo incumplimiento de deuda

lunes 26 de noviembre de 2012 09:19 ART
 

* Fallo en EEUU aumenta los temores a una moratoria
inminente
    * Con pocas opciones restantes, Argentina recurre a corte
apelaciones
    * Decisión es duro golpe a estrategia nacional para superar
crisis 2002
    * Plantea dudas sobre reestructuraciones de deuda y sistemas
de pago

    Por Helen Popper y Daniel Bases
    BUENOS AIRES/NUEVA YORK, 26 nov (Reuters) - Argentina hará
un último intento esta semana por frenar una decisión judicial
estadounidense que sacudió su estrategia para dejar atrás la
crisis de deuda del 2002 y alimentó el temor a un nuevo
incumplimiento.
    Una década después de declarar la mayor cesación de pagos de
su historia, Argentina se enfrenta a una dura elección entre
depositar fondos antes del 15 de diciembre para pagar a los
acreedores "excluidos" -los que rechazaron dos ofertas para
reestructurar la deuda impaga- o arriesgarse a caer en una
cesación de pagos técnica con todos los tenedores de bonos.
    Inversionistas que tenían cerca del 93 por ciento de los
títulos incumplidos acordaron en 2005 y 2010 canjear esa deuda
por papeles nuevos, aceptando un gran pérdida de capital.
    Pero la decisión de la semana pasada del juez de distrito
Thomas Griesa fue una gran victoria para los acreedores que no
participaron, liderados por NML Capital Ltd -filial de Elliot
Management Corp- y Aurelius Capital Management, que siguieron
por diez años luchando en los tribunales para conseguir un
reembolso total por sus papeles.
    En otra victoria que captó titulares el mes pasado, NML
logró la confiscación de una nave emblema de la armada argentina
durante una visita a Ghana. Dos meses más tarde, el barco sigue
retenido.
    El fallo de Griesa es un retroceso no sólo para la combativa
presidenta argentina, Cristina Fernández, quien llama a los
acreedores excluidos "fondos buitres" y ha prometido no
pagarles.
    También ha consternado a los inversores que participaron en
los dos canjes de deuda y temen que el país del G20 entre en un
cese de pagos técnico sobre alrededor de 24.000 millones de
dólares en bonos reestructurados.
    No sólo la decisión de Fernández de vilipendiar a los
tenedores, que son detestados por los argentinos comunes,
dificulta la posibilidad de un pago para Argentina.
    Una ley local prohíbe ofrecerles mejores términos que los
que ya se dio a los demás inversionistas y hacerlo expondría al
país a demandas de los acreedores que cambiaron sus papeles.
    Por otro lado, un cese de pagos -aunque de naturaleza
técnica- empañaría el historial del Gobierno en el manejo de la
economía local, profundizando el aislamiento del país de los
mercados financieros globales y obstaculizando la inversión en
un momento en que la economía se ralentiza.
    Algunos analistas temen que las repercusiones del caso se
extiendan más allá de Argentina y sus acreedores, dificultando
futuras reestructuraciones de deuda y el funcionamiento de los
sistemas globales de pago.
 
   
    Buenos Aires tiene previsto cancelar en diciembre a los
tenedores de bonos que sí aceptaron el canje al menos 3.300
millones de dólares en capital e intereses.
    Al igual que Argentina, esos acreedores se están preparando
para apelar el fallo de Griesa, que refleja su creciente
frustración con las encendidas declaraciones de Fernández y
otros funcionarios para eludir el pago.
    "Estas amenazas de desafío no pueden pasarse por alto", dijo
Griesa en su decisión, que golpeó los precios de los bonos
argentinos.
    Si la demanda de Griesa para el pago de 1.300 millones de
dólares en una cuenta de garantía es confirmada por un tribunal
de apelaciones y Argentina se niega a pagar, los tribunales
estadounidenses podrían embargar los pagos a los acreedores que
aceptaron la reestructuración, por consideración a los que la
rechazaron.
    NML, que tiene más causas judiciales pendientes contra
Argentina que no están incluidas en este caso, está dispuesta a
negociar con Argentina y consideraría una combinación de
efectivo y bonos para resolver el conflicto, dijo una fuente
familiarizada con la posición de NML bajo condición de
anonimato.
    El fondo de cobertura niega las acusaciones de Argentina de
que esté buscando desencadenar un 'default' para obtener una
ganancia extraordinaria por CDS, que son seguros de crédito
usados para protegerse contra el impago de deuda.
    "Eso sería adoptar una posición muy importante en el mercado
de CDS y no creo que tengan un interés en hacerlo", dijo la
fuente, agregando que a NML se le debe alrededor de la mitad de
los 1.300 millones de dólares.
      
    "COLONIALISMO JUDICIAL"
    Las negociaciones o el pago voluntario por parte de Buenos
Aires parecen algo casi imposible, sin embargo.
    El ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, quien
al igual que Fernández dice que no se les pagará a los tenedores
de deuda no reestructurada, calificó la semana pasada la
decisión de Griesa como "un a especie de colonialismo judicial".
    "Lo único que queda es que Griesa pida enviar a la Quinta
Flota (de la Armada estadounidense)", d ijo Lorenzino a los
periodistas, al describir los planes de Argentina de presentar
el lunes una apelación contra la decisión de Griesa en el
Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones.
    El diario oficialista Página 12 reportó el domingo que los
abogados de Argentina -Cleary Gottlieb Steen & Hamilton- pedirán
restablecer la suspensión del fallo que obliga a hacer el pago a
los tenedores y disputarán su decisión completa.
    El argumento será que pone en riesgo futuras
reestructuraciones de deuda y a instituciones financieras
globales como cámaras de compensación y bancos que actúan como
agentes de pago, según el medio.
    Muchos especialistas piensan que es poco probable que la
corte de apelaciones atienda el pedido. Griesa dijo en la
decisión de la semana pasada que sólo él puede decidir el caso.
    "Puede ser un problema de proceso, pero Argentina tendrá que
esforzarse por justificar por qué se niega a pagar los 1.300
millones de dólares", escribió el analista de Eurasia Group
Daniel Kerner, la semana pasada.
    "Argentina tiene los recursos para hacer frente al pago, así
que al final será una decisión política (y) no parece haber un
apoyo político para el pago de los inversores excluidos",
agregó.
    
    IMPACTO EN TERCERAS PARTES
    La corte de apelaciones había respaldado el mes pasado una
decisión adoptada por Griesa en febrero, que dijo que Argentina
había discriminado a los tenedores excluidos.
    Es por eso que la mayoría de los analistas cree que es poco
probable que esta nueva audiencia ofrezca un resultado
diferente, aunque algunos dicen que podría aliviar el impacto
sobre terceros, como Bank of New York Mellon, que
transfiere los fondos de Argentina a los tenedores de bonos y a
los operadores del sistema de compensación.
    La decisión de Griesa significa que tales intermediarios de
pagos están sujetos a embargos de los fondos destinados para los
tenedores de bonos que aceptaron el canje.
    "Si bien la situación en este momento es muy difícil para
Argentina y los tenedores de bonos canjeados, sigue siendo
posible que la Corte de Apelaciones pueda modificar la orden de
Griesa en lo relativo a la aplicación a los intermediarios",
escribió el banco de inversión Credit Suisse en un informe la
semana pasada.
    "Si la corte de apelaciones adopta una postura más moderada
que la de Griesa, también podrá emitir un nuevo aplazamiento
sobre la orden", agregó.
    Esto daría a Argentina algo de espacio y sería probable que
llame pronto a una nueva audiencia, dada la inminente fecha
límite de 15 de diciembre.
    Tras la Corte de Apelaciones, el último recurso de Argentina
en Estados Unidos sería la Corte Suprema.
    Algunos expertos legales creen que el tribunal más alto del
país podría elegir intervenir en este caso debido a sus
implicaciones para la reestructuración de deuda en un momento de
turbulencia económica mundial.
    Los abogados del Gobierno estadounidense han respaldado la
posición de Argentina de "pari passu", o trato igualitario.
Estos dijeron en abril que las órdenes de Griesa "podrían
permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de
reestructuración con apoyo internacional".
    Sin embargo, no todo el mundo piensa que las consecuencias
serán necesariamente tan amplias, porque la mayoría de los bonos
emitidos desde el default de Argentina contienen cláusulas de
acción colectiva que hacen que un acuerdo de reestructuración
sea vinculante para todos los acreedores.
    "El péndulo, post Argentina, se ha desplazado", dijo Hans
Humes, presidente de Greylock Capital Management. 
    El fondo con sede en Nueva York rechazó el canje de deuda
inicial, pero aceptó los mismos términos cinco años después, en
el 2010.
    "Solíamos tener una discusión sobre lo que un país es capaz
de pagar y (Argentina) rompió el molde y nos hemos visto
obligados a sentarnos y escuchar lo que ellos quieren pagar. Así
que en el caso actual tal vez las cosas se estén volviendo un
poco a nuestro favor", agregó.
    Asegurar la intervención de la Corte Suprema de Estados
Unidos antes del pago considerable el 15 de diciembre parece un
objetivo lejano.
    Un eventual cese de pagos técnico profundizaría el
aislamiento económico de Argentina. El país aún no regresa a los
mercados internacionales de crédito casi 11 años desde su crisis
económica del 2001-2002, en parte debido al riesgo de acciones
legales por parte de los acreedores.
    Pagar todos los bonos impagos pendientes costaría a
Argentina hasta unos 11.000 millones de dólares, equivalente a
una cuarta parte de sus reservas de divisas extranjeras, que
necesita para continuar sufragando el servicio de su deuda en
ausencia de nuevos créditos.
    El ex secretario de Finanzas argentino Guillermo Nielsen,
quien ayudó a supervisar el canje de bonos en el 2005, dijo que
lo mejor sería depositar los 1.300 millones de dólares a tiempo
y seguir litigando.
    "Una moratoria sobre los nuevos bonos se debe evitar a toda
costa", dijo Nielsen. "El cese de pagos (del 2002) fue
increíblemente costoso para Argentina y esta situación podría
terminar causando el nuevo impago combinado con desacato a la
corte", agregó.

 (Reporte adicional de Alejandro Lifschitz en Buenos Aires;
Editado en Español por Carlos Aliaga y Javier López de Lérida)