ENFOQUE-Regiones de Perú malgastan ingresos mineros, pese a malestar social

jueves 14 de junio de 2012 15:01 ART
 

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    * Regiones acumularon sobre 3.500 mln dlrs al 2011
    * Dejan de invertir dinero de tributo minero
    * Mientras tanto, aumentan protestas antimineras en el país
    * Se registraron casi 250 conflictos sociales hasta mayo

    Por Patricia Vélez	
    LIMA, 14 jun (Reuters) - Los gobiernos regionales de Perú
están sentados sobre unos 3.500 millones de dólares de impuestos
mineros que por ley deberían estar usando para construir
escuelas, hospitales y carreteras en las mismas zonas donde
miles de personas exigen no quedar marginados del boom económico
que vive el país.	
    Buena parte de ese dinero, calculado con cifras obtenidas
por Reuters y datos del Ministerio de Economía, surge de un
impuesto que pagan las mineras para promover el desarrollo
económico de las zonas donde operan y fue diseñado para
financiar obras de infraestructura de impacto social.	
    Una efectiva utilización del llamado "canon minero", que se
nutre del 50 por ciento del impuesto a la renta que pagan las
firmas del sector, podría ayudar a apagar muchos de los
conflictos sociales que ponen en riesgo proyectos mineros por
unos 53.000 millones de dólares.	
    Perú, el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc,
así como el sexto de oro, necesita de esos emprendimientos para
seguir haciendo rodar la economía, que lleva una década
creciendo a un promedio anual del 6 por ciento.	
    El mal uso del canon minero por parte de los gobiernos
regionales y las protestas antiminería complican al presidente
Ollanta Humala, que tiene como uno de sus caballos de batalla
políticos lograr una mejor distribución de la riqueza para
aminorar el creciente malestar social.	
    "En las zonas donde se recibe canon la gente ve que entra un
montón de dinero y dice 'al final a mí tampoco me sirve de
nada'. Es un factor que contribuye a generar mayor
conflictividad social porque hay zonas que reciben y no tienen
la capacidad de gastarlo", dijo el ex viceministro de Economía
Carlos Casas, un experto en el canon minero.	
    Mientras tanto, el dinero se acumula en cuentas bancarias y
se multiplican las protestas, protagonizadas muchas veces por
empobrecidos sectores rurales que ven al boom minero como un
fenómeno ajeno. 	
    El mayor símbolo del conflicto es el emprendimiento de oro y
cobre Minas Conga en el norte peruano, donde la estadounidense
Newmont planea invertir 4.800 millones de dólares. El
proyecto fue temporalmente suspendido por masivas protestas
antimineras.	
    Desde el 2001, los gobiernos regionales y locales están
obligados a invertir en infraestructura los fondos que reciben
por el canon minero, pero ninguna administración ha cumplido en
los últimos años co n ese objetivo en un país con casi un tercio
de su población viviendo en la pobreza.	
    Las regiones mineras del país andino han acumulado en la
última década unos 9.500 millones de soles (cerca de 3.500
millones de dólares) procedentes de los tributos que pagan las
empresas por extraer recursos naturales en el país, según cifras
obtenidas por Reuters.	
    Además del canon minero, una fracción de ese monto
corresponde a los impuestos pagados por firmas energéticas y
pesqueras.	
    En el 2011, las 16 regiones mineras en Perú invirtieron en
promedio en infraestructura sólo el 45 por ciento de los cerca
de 5.000 millones de soles (unos 1.862 millones de dólares) que
tuvieron disponible para utilizar del canon minero, según
cálculos de Reuters usando los números del portal de
transparencia del ministerio.	
    La ley no plantea sanciones para las autoridades que
incumplen con los parámetros de inversión.	
    "Tenemos que ver cómo podemos avanzar hacia un mejor uso de
estos recursos que tienden a estar embalsados en cuentas de
bancos y que no se convierten en recursos bien utilizados en
obras que el país requiere", dijo recientemente el ministro de
Economía, Luis Miguel Castilla.	
    La Defensoría del Pueblo identificó casi 250 conflictos
hasta mayo, de los cuales más de la mitad está relacionada con
protestas socioambientales. Las regiones más abrumadas por estos
conflictos son Ancash, Puno, Cajamarca y Cusco, todas con
operaciones mineras.	
    El Gobierno ha dicho que las recientes protestas sociales
son azuzadas por ultraizquierdistas. La fiscalía ha abierto una
investigación contra el presidente regional de Cajamarca Santos
por la supuesta utilización de fondos públicos para financiar
las protestas.	
        	
 	
    El Gobierno también evalúa un plan a nivel nacional bajo el
cual se adelantarán obras públicas con el dinero de futuros
emprendimientos mineros en un intento por frenar las protestas,
mientras redefine cómo se distribuye el canon minero para que
abarque a las regiones sin esta actividad extractiva. 	
	
    UNA PLAZA DE MARMOL	
    En muchas ocasiones, la porción del canon que efectivamente
es invertida se usa ineficientemente o en obras sin gran
utilidad social.	
    "El gobierno regional no invierte en obras (...) hacen falta
hospitales, carreteras. Necesitamos un presidente (regional)
capacitado para hacer esas cosas", dijo Juan Villanueva, de 57
años, un pequeño empresario de la norteña región de Cajamarca.	
    En algunas de las localidades más pobres del país se han
construido plazas de mármol y piscinas olímpicas temperadas.	
    "Pocas regiones concentran el canon y esas regiones lo
gastan mal (...) Al gastarlo mal no ves los beneficios en
servicios públicos, y lo que gastan casi siempre es fierro y
cemento", dijo Miguel Santillana, investigador principal del
Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres.	
    "Hay todo un tema de la calidad de la obra y quién la
supervisa. La Contraloría no se da a basto para controlar 26
regiones y 1.839 distritos y provincias", agregó.	
    La ley les impide a los gobiernos locales utilizar los
fondos para financiar gasto corriente e inclusive les prohíbe
echar mano de los intereses que genera esa enorme masa de dinero
para cualquier otro motivo que no sea proyectos de
infraestructura.	
    Además de Minas Conga, la región de Cajamarca, con casi el
49 por ciento de su población viviendo en la pobreza, alberga
una de las minas auríferas más grandes de Latinoamérica,
Yanacocha, controlada también por Newmont.	
    Su presidente, Gregorio Santos, derivó el año pasado sólo el
34 por ciento del canon a proyectos de inversión, según las
cifras del ministerio.	
    "Aquí lo que se ve claramente es que dinero hay, pero lo que
falta es tener buenos operadores en los gobiernos regionales y
locales", dijo el ex viceministro Casas.	
    Este panorama se replica en otras regiones.	
    En la sureña región de Tacna, donde opera la minera Southern
Copper -una de las mayores cupríferas del mundo-, el
gobierno regional usó el año pasado en proyectos de inversión
apenas el 28 por ciento del canon minero.	
    Y en la costa central de Ica -que aún no se recupera de un
devastador sismo en el 2007 y donde funciona la única productora
de hierro del país, Shougang- se destinó el año pasado a
proyectos de inversión sólo un 13 por ciento.	
    Los presidentes regionales de Ica, Tacna y Cajamarca no
estuvieron disponibles en varias ocasiones para dialogar sobre
este tema con Reuters.	
    Sin embargo, el presidente regional de Cajamarca Santos
culpó recientemente al "centralismo" del Gobierno y su lentitud
en aprobar los proyectos por la baja ejecución de los
presupuestos locales.	
    "Hay que renegociar contratos, hay que revisar aportes y
enseñarles a las empresas (mineras) como tiene que ser una
verdadera responsabilidad social, de inclusión económica y
productiva, no como ahora de saqueo irracional", dijo Santos.	
    	
    FRENOS BUROCRATICOS	
    El dinero del canon minero se reparte entre los gobiernos
regionales, que reciben el 25 por ciento, y los gobiernos
locales, que obtienen el restante 75 por ciento.	
    Algunos presidentes regionales aseguran que usarán los
fondos tan pronto como el Gobierno les autorice obras de
infraestructuras.	
    En la norteña La Libertad, donde opera la gigante aurífera
Barrick, el presidente regional José Murgia explicó que
con el saldo acumulado del canon minero se financiará una
importante carretera.	
    "Tenemos una especie de ahorro de cerca de 60-70 millones de
soles. ¿Por qué? Porque estamos esperando conseguir la
aprobación del Ministerio de Transporte de una carretera muy
importante para La Libertad", dijo Murgia.	
    Y también en el norte, en la región de Ancash, el presidente
regional César Alvarez dijo que utilizará el gran saldo de canon
minero que tiene en grandes proyectos.	
    Ancash es la región que más canon minero recibe
-principalmente por el tributo pagado por la empresa de cobre
Antamina de BHP Billiton y Xstrata- y paradójicamente es la que
más malestar social registra con casi una treintena de
conflictos, según el informe de la Defensoría.	
    Alvarez, que el año pasado destinó el 48 por ciento del
canon a proyectos de inversión -uno de los porcentajes de
ejecución del canon minero más altos-, lo atribuyó a la
ineficiencia de las autoridades locales.	
    "Yo no puedo decirle qué hacer a ningún alcalde. Tengo
alcaldes con los que me la paso peleando porque hacen plazas de
toros, coliseos de gallos", afirmó.	
    Carlos Monge, coordinador regional de la ONG Revenue Watch,
dijo que con el paso de los años los gobiernos locales han
comenzado a gastar mejor el río de dinero del canon minero
recibido en la pasada década.	
    "Hay que entender (...) la municipalidad de San Marcos, en
Ancash, cuando Antamina comenzó a pagar, esta municipalidad
invertía 500.000 soles al año. Al año siguiente recibió 210
millones de soles", explicó.	
    Monge agregó que también es necesario que el Gobierno
central acelere los programas sociales enfocados en los pobres
para aplacar el malestar social. El Gobierno de Humala ha puesto
en marcha una batería de programas destinados a los niños,
ancianos y a las familias con hijos en edad escolar en busca de
reducir la pobreza.	
    "Los conflictos recientes muestran que en nuestro país
lamentablemente ha habido una ausencia de un Estado que esté
presente en todas partes del país y que sea especialmente
efectivo en funcionar", dijo el ministro de Economía Castilla.	
    "La población en las áreas de influencia (de los proyectos
mineros) tiende a culpar a la empresa de sus males o de la falta
de acceso a servicios básicos porque no hay a quién más echarle
la culpa", afirmó.	
    (1 sol = 2,686 dólares)	
	
 (Reporte de Patricia Vélez. Reporte adicional de Dante Alva y
Caroline Stauffer; Editada por César Illiano y Alejandro
Lifschitz)